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Audiencia de Palma - nueva sentencia sobre sanciones por alquiler vacacional sin registro

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La Sra. M. ha sido multada con 10.000 euros por la autoridad turística por infringir el artículo 105, letra g), de la Ley 08/2012, de 19 de julio de 2012. Se la acusaba de seguir anunciando su vivienda en TripAdvisor después de haberla dado de baja en el registro de alquileres turísticos.

Se defendió de ello en el presente procedimiento. La Sra. M alega que ya no es responsable del alquiler vacacional desde el 9 de octubre de 2018. La inscripción del inmueble en el registro de alquileres vacacionales había sido suprimida por ella. En consecuencia, ya no existe publicidad comercial o turística del alquiler vacacional. En cambio, la propiedad había sido vendida.

Según la autoridad turística, la propiedad siguió comercializándose en TripAdvisor para alquileres vacacionales. La autoridad turística responsable lo descubrió y sancionó a la señora M. con la cantidad de 10.000 euros.

Durante el procedimiento sancionador en curso, se presentaron pruebas de que la Sra. M. había hecho todo lo que estaba en su mano para cancelar inmediatamente los anuncios de alquiler vacacional.

Estos esfuerzos fracasaron. El sitio web de alquileres vacacionales siguió publicando anuncios. En consecuencia, la propiedad siguió anunciándose para alquiler vacacional sin permiso. Así lo confirma también el protocolo disponible de la autoridad turística.

El art. 77.5 de la LPAC establece una presunción. Según ésta, rige el principio de que los documentos de los funcionarios en el procedimiento sancionador se presumen correctos mientras no se demuestre lo contrario.

Sin embargo, el tribunal se remitió a una sentencia del Tribunal Constitucional según la cual la presunción de inocencia se aplica en los procedimientos administrativos. Un acto sólo puede ser sancionado si existen pruebas que acrediten la existencia de una infracción y, por tanto, la imposición de una sanción. La carga de la prueba corresponde a la autoridad. La persona sancionada no está obligada a demostrar su inocencia.

Tras practicar las pruebas, el tribunal llegó a la conclusión de que la Sra. M. no era la persona responsable de la colocación de los anuncios y que el inmueble no fue comercializado por ella con fines turísticos.

La sanción de 10.000 euros impuesta se anuló posteriormente.

Autor:
Dr. Dominic John Patrick Porta, LL.M.
Abogado (Colegio de Abogados de Düsseldorf n° 52954)
Abogado (ICAIB n° 6645)
dominic.porta@anwaltmallorca.eu
www.anwaltmallorca.eu

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