En el marco de un decreto destinado a simplificar la administración, volverá a ser posible la legalización de construcciones ilegales en zonas rurales. Según las estimaciones, unos 25.000 edificios podrían beneficiarse de esta medida. Estos edificios se construyeron hace unos años sin autorización o la ilegalidad establecida del edificio ha caducado desde entonces. Con la anterior Ley de Sociedades, los propietarios de tales edificios tenían la opción de legalizarlos pagando una multa. Ahora se quiere recuperar esta idea. No obstante, se introducirán algunos cambios. El decreto incluye medidas administrativas y urbanísticas, entre ellas la externalización de la expedición de licencias de construcción. El requisito básico para la nueva opción de legalización es que haya expirado el plazo de prescripción de los edificios en cuestión, lo que significa que ya no es posible adoptar medidas de demolición o reforma. Sólo entonces será posible "comprar" la legalización. Se espera que el decreto se apruebe poco después de Semana Santa.
26 de julio de 2024
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