El gobierno balear aprobó un decreto ley según el cual los alquileres vacacionales en los que se celebren fiestas comerciales ilegales pierden la licencia de alquiler.
El trasfondo de la medida es la "tendencia" de este tipo de fiestas ilegales en Ibiza, que existe desde hace muchos años y sigue aumentando. El decreto pretende, por un lado, combatir estas actividades ilegales en Ibiza y, por otro, evitar que esta tendencia "se extienda" a las demás islas Baleares.
Las autoridades creen que los propietarios de alquileres vacacionales no pueden ignorar lo que ocurre en sus viviendas. La consejera regional, Mercedes Garrido, explicó que los propietarios de pisos tienen el deber de vigilar y comparar las fiestas ilegales con las construcciones ilegales. Éstas también acaban siendo sancionadas y multadas. Dijo que lo mismo debería ocurrir con las fiestas ilegales, que se han convertido en un modelo de negocio. Por ello, la ordenanza prevé la imposición de sanciones obligatorias mientras el propietario no atienda las demandas de la administración.
El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, también apoya esta medida, pero señala que los propietarios de las casas donde se celebran estas fiestas ilegales no pueden hacerse responsables de lo que ocurra en sus viviendas a corto plazo.
Sin embargo, el decreto-ley prevé finalmente multas de entre 150.000 y 300.000 euros para el propietario. Además de estas sanciones, se revoca cautelarmente la licencia turística.
Además, las sanciones no sólo se dirigen contra quienes organizan las fiestas ilegales, sino también contra quienes las anuncian o realizan cualquier tipo de actividad en ellas, por ejemplo DJs o servicios de catering. Las multas son escalonadas y van desde los 300 euros para los participantes hasta los 300.000 euros para los organizadores y propietarios.
Tanto el Gobierno balear como el Consell insisten en que los propietarios deben controlar las actividades en sus viviendas de alquiler.
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